El sábado, el Tribunal Administrativo Regional de Lacio confirmó la apelación presentada por Grimaldi Euromed y el Grupo Grimaldi suspendido hasta la Cámara del Consejo el 19 de diciembre la ejecución de los actos de la Autoridad Garante de la Competencia y Mercado (AGCM) con la que habían sido aceptados, al resolver que sean vinculantes, los compromisos presentados por la empresa SAS Shipping Agency Services, Grandi Navi Veloci (GNV) y Moby, con quienes se había cerrado la investigación de la Autoridad destinada a comprobar la presencia de restricciones de la causada por la adquisición del 49% del capital de la Moby por SAS y la financiación que tenía SAS concedido a Moby ( de 24 octubre de 2025). Además, la TAR aceptó la solicitud de Suspensión inmediata hasta la misma fecha de la efectividad de la venta de cinco barcos Moby.

Con referencia a la reciente venta de Moby de cinco barcos, que habrían sido vendidos al grupo MSC ( de 3 diciembre de 2025), la TAR señaló que el solicitante representó que la disposición del AGCM del 22 de octubre de 2025 "produce efectos inmediatos e irreversibles en el mercado, ya que Permite el traslado en bloque de cinco barcos Ro-Ro/Pax pertenecientes a a Moby y CIN, lanzada en cumplimiento de los compromisos" y que "la que compiten directamente con el sufriría un daño grave e irreparable si La venta se completó con la estipulación posterior del premio: los activos estratégicos de Moby y CIN serían transferido a personas potencialmente vinculadas a MSC (grupo al que SAS, GNV y Moby, ed.) consolidando el control Impacto económico en los mercados nacionales de transporte transporte marítimo de carga y pasajeros; Reducción de capacidad de Moby y CIN llevaría a un reequilibrio inmediato del mercado en GNV, distorsionando irreversiblemente la competencia en el Rutas Nápoles-Palermo y Cerdeña". Además, la TAR tomó acto que el solicitante, en consecuencia, ha solicitado la suspensión eficacia "de la medida impugnada y inhibir, hasta la decisión colegial, la estipulación y la aplicación de los contratos de venta de los activos adjudicados el 3 de diciembre de 2025, para preservar la eficacia de la protección jurisdiccional y evitar la consolidación de un situación anticompetitiva irreversible".