Ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con ocho votos a favor y uno en contra, ha reabierto la disputa judicial que contrasta con los grupos de cruceros Carnival Corporation, Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises hasta la histórica empresa estadounidense Havana Docks, fundada en 1917 y gerente de los muelles portuarios cubanos en La Habana desde 1928 hasta hasta 1960, cuando el negocio fue confiscado por el gobierno tras la La revolución de Castro. Este último lleva tiempo tomando medidas Derecho legal relativo al derecho a gestionar los muelles del puerto y el máximo órgano judicial federal de los Estados Unidos, refiriéndose al Título III de la "Libertad y Democracia Cubana "Ley de Solidaridad" de 1996, que entró en vigor en mayo de 2019, considerando que el uso de los muelles del puerto por el Las compañías de cruceros son suficientes para demostrar que tienen utilizó "bienes confiscados por el gobierno cubano" y que Los Muelles de La Habana no están obligados a demostrar que las empresas operaba en un área sobre la que los Muelles de La Habana tenían derecho concesión (concesión usufructuaria que habría expirado en 2004).

Entre 2016 y 2019, los cuatro grupos de cruceros tuvieron trajo casi un millón de pasajeros al puerto cubano y en 2019 Los Muelles de La Habana habían apelado al Título III de la llamada ley Helms-Burton demandando a las cuatro compañías en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Las compañías de cruceros habían afirmado que no ser responsable porque el derecho a conceder La Habana Los muelles habrían expirado en 2004 incluso sin confiscación. El El Tribunal de Distrito había rechazado este argumento y había sentencia contra las cuatro condenas a pago de más de 100 millones de dólares cada uno a Los Muelles de La Habana. Posteriormente, un panel de jueces del Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito, no unánimemente, había revocado la Sentencia que argumenta que un demandado es responsable de tráfico de bienes confiscados solo si sus acciones interfieren con el derecho del solicitante a la propiedad en ausencia de confiscación y, dado que la concesión de Los Muelles de La Habana habría expirado antes de 2016, la conducta imputada a las empresas desde 2016 hasta 2019 no constituyó un disfrute económico de la propiedad confiscado.

El Tribunal Supremo rechazó esta interpretación, declarando que el Tribunal de Apelaciones había solicitado erróneamente Los Muelles de La Habana demostrar que las cuatro compañías habían cumplido con precisión actividades económicas sobre activos confiscados en lugar de más bien se utilizó bienes confiscados en los que atraca La Habana tenía derecho.